GIEI: Los gobiernos de Morales y Áñez violaron derechos humanos

Una de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es que lo ocurrido durante la crisis política de 2019 “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. 

Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre, se suscribió el 12 de diciembre de 2019.

El informe estableció que durante la crisis de 2019 se “cometieron graves violaciones a los derechos humanos”. En ese escenario de conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en distintos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración tanto física como psicológicas.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señaló entre las conclusiones Patricia Tappatá, integrante del GIEI.

Sacaba y Senkata

El GIEI señaló que en Sacaba y Senkata la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. 

Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas.

Violencia en Vila Vila

En el caso de las caravanas del sur, el 9 de octubre de 2019, cuando todavía se encontraba al mando el entonces presidente Morales, el GIEI dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la caravana de mineros fueron resultado de una polarización estimulada por agentes del Estado y políticos. 

El GIEI identificó evidencias de que integrantes del Gobierno estuvieron involucrados en la organización y apoyo de los bloqueos y, cuando menos, asumieron los riesgos de que hechos de violencia pudieron ocurrir. Se concluye, por lo tanto, que funcionarios y autoridades del Estado no sólo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad, según el informe.

Betanzos

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