El Gobierno impone su versión de “golpe” a través de Lima y Chávez

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se han constituido en la punta de lanza del Gobierno para imponer la teoría del presunto “golpe de Estado” en 2019, pese a no existir determinación de autoridad competente que asegure ese extremo. Estas dos autoridades ya emitieron una anticipada sentencia sobre lo sucedido y desconocen informes sobre irregularidades en los comicios del 20 de octubre de ese año.

Lima, a días de asumir el despacho de Justicia, el 20 de noviembre de 2020, afirmó que “decir que ha habido un golpe de Estado en Bolivia no es la labor del ministro de Justicia, ni siquiera tal vez del fiscal general, y definitivamente la evaluación de lo que ha ocurrido en la transición tiene que ser el resultado de una decisión judicial que, a mi criterio, debe ser definida y perseguida por los niveles políticos y por el fiscal general”.

Sin embargo, un par de meses después, el discurso de Lima cambió radicalmente, se constituyó en “fiscal y juez” en este caso al aseverar que en noviembre de 2019, se produjo un presunto “golpe de Estado”.

A horas de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez (13 de marzo de 2021), Lima señalaba: “Ha culminado la primera etapa. Debe rendirle cuentas al pueblo boliviano. Fue un golpe de Estado, la banda presencial se la entregó un militar”.

En diferentes oportunidades, el Ministro de Justicia ya enviaba mensajes al Órgano Judicial sobre el camino a seguir.

Incluso ya demandaba a la justicia dictar una pena de 30 años de cárcel para la expresidenta Áñez.

Lima declaró que todas las denuncias de fraude fueron sobreseídas por faltas de pruebas, insinuó la construcción de un caso contra la expresidenta ante la justicia ordinaria porque en el Legislativo el MAS no contaba con los dos tercios requeridos para llevar un juicio de responsabilidades.

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