Enterrar el caso fraude electoral, otra meta para implantar el “golpe”

Durante las últimas semanas, el partido gobernante prepara el escenario para sepultar el fraude electoral de octubre de 2019 e imponer su versión de un presunto golpe de Estado, perpetrado contra el entonces presidente Evo Morales. 

Autoridades nacionales, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre otros, empezaron a exigir “pruebas del fraude”, de forma paralela en la que se anunció el cierre de procesos contra los exvocales departamentales electorales, al fundamentar su precepto de golpe e incluso inferir el montaje de un segundo golpe, esta vez contra el actual al mandatario, Luis Arce.

Los ministros de Gobierno, Justicia y el Procurador dicen que a la fecha no se pudo “comprobar el fraude electoral que denunciaron en 2019”.

“No hay una sola acta que haya podido ser presentada como prueba. Esta es la situación, esta es la verdad, esto es lo que dice la justicia. (…) Yo digo que no ha habido un fraude y tengo nueve requerimientos de fiscales departamentales que dicen que no ha habido una sola prueba”, dijo de manera acalorada el titular del despacho de Justicia, Iván Lima, durante su interpelación en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de junio. En esa oportunidad fue convocado para que informe sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez y si se respetó el debido proceso.

Una semana después, el 7 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también compareció ante la Asamblea Legislativa para responder a la interpelación sobre cómo se desarrolló la detención de la exmandataria Áñez, los operativos y otros.

En su intervención no respondió a las consultas, porque se inició con la lectura de los nombres de los muertos en 2019, un minuto de silencio y la proyección de un video sobre los hechos de violencia antes y después de la renuncia de Morales. 

La sesión fue problemática; la autoridad ejecutiva vociferaba contra los legisladores de oposición con una serie de calificativos, como cómplices de la corrupción, del narcotráfico y las muertes, asesinos.

Al igual que Lima, Del Castillo argumentó que en 2019 hubo un “golpe de Estado y no un fraude electoral”.

Posteriormente, refirió que las actas están impresas y que “no hay una sola acta que diga que hubo fraude”.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, presentó un informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en que sostiene que en Bolivia se produjo un golpe de Estado y que hasta el momento no se presentaron pruebas de la denuncia de fraude.

“Esto obedece a la intención de ocultar, encubrir el fraude electoral, por el cual Evo Morales se ha dado a la fuga el 10 de noviembre de 2019. No es que renunció y que se fue porque existía inseguridad, él sabía que desde el momento en que, en horas de la mañana, el Secretario General de la OEA hizo conocer el informe preliminar de la auditoría al proceso eleccionario del 20 de octubre (...) sentía el temor a ser descubierto. Además, que se informe qué autoridades del Ejecutivo habrían participado en la manipulación del proceso, se da paso a la teoría de un golpe de Estado”, señaló el abogado Jorge Valda.

Rechazo a informe OEA

En este camino de sepultar la denuncia de fraude electoral, de manera progresiva, las autoridades gubernamentales empezaron a cuestionar la validez del informe de auditoría del proceso electoral llevado adelante por la OEA. El estudio fue requerido por la administración de Morales y susc...