El MAS sesga al menos cinco hechos de 2019 para sentar teoría de golpe

en Los Tiempos el 16-05-21 04:45

El Movimiento Al Socialismo (MAS) para imponer su teoría de presunto “golpe de Estado”, de que no hubo fraude electoral, recurre a al menos cinco argumentos sobre los hechos de 2019, pero distorsionándolos, sesgándolos, omitiendo elementos e incluso desconociendo que sucedieron. Además, en este propósito ha incurrido en varias contradicciones y se ha desdicho de declaraciones pasadas.  

En la versión del Gobierno y todos los sectores afines al MAS el informe de la OEA sobre las irregularidades en las elecciones de 20 de octubre de 2019 carece de validez, así como la resolución del Tribunal Constitucional, las renuncias verbales de las exautoridades, que provocaron un vacío de poder, y la sucesión constitucional, que se dio en el marco del Reglamento del Senado, para la Procuraduría General del Estado (PGE), Bolivia “sufrió una ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.

“Para nosotros no hubo renuncia (Álvaro García Linera y otros) porque no se han cumplido los preceptos ni los requisitos que dice la sentencia constitucional. Esto está en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), nosotros nos basamos con las leyes en la mano, somos diputados serios”, afirmó el diputado Anyelo Céspedes del MAS, la semana pasada, al anunciar sobre la solicitud de Petición de Informe Oral al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. 

“Ante un vacío constitucional corresponde la sucesión que se ha dado en nuestro país, no de una manera subjetiva, sino basados en criterios jurídicos normativos que respaldan esa posición, y ahora nos sorprende que desde una entidad tan importante en la estructura estatal (la PGE) se esté planteando un informe que está obviando todo esta cuestión que para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es fundamental para no caer en una parcialización o una visión subjetiva de nuestro país”, dijo Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), al referirse al informe remitido por la

Procuraduría al Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos sobre los hechos de 2019. 

El relato del golpe de Estado, manejado por el MAS, ha sido utilizado para emprender una arremetida judicial contra la exmandataria, sus colaboradores, jefes policiales y militares. 

Fraude electoral

Luego de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y ante el descontento de la sociedad que estalló por la “manipulación dolosa” de los resultados y “parcialidad del TSE”, la administración de Evo Morales solicitó a la OEA que realice un informe sobre la integridad del proceso electoral, que se desarrolló entre el 31 de octubre y 10 de noviembre de ese año. 

El organismo internacional emitió un informe en el que señala haber “identificado irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre pasado, en las que Evo Morales fue declarado presidente para un cuarto mandato consecutivo. 

“El informe de la OEA señala que encontraron irregularidades en 226 actas. Incluso anulando el voto del MAS-IPSP en esas actas, la diferencia se mantiene por encima del 10%. El único fraude fue el de @OEA_oficial, cómplice del golpe de Estado, para instaurar un gobierno de facto”, escribió en su cuenta de Twitter Evo Morales desde su exilio.

Ante la evidencia de fraude expuesta por la OEA, el 10 de noviembre, Morales anunció que convocaría a nuevas elecciones “para que mediante el voto se permita al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos” y que se renovaría todo el órgano electoral. 

Dichos cambios no fueron suficientes para algunos gremios del país. La Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le pidieron a Morales que renunciara. Horas después, dimitió.

Tras la renuncia de Evo, también dejaron sus cargos el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, los miembros de su gabinete, así como los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. 

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