PGE sostiene que medios tuvieron protagonismo en presunto golpe
El informe presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la crisis política y social que vivió el país desde las elecciones generales de octubre de 2019, sostiene que los medios de comunicación tuvieron un protagonismo en el supuesto “golpe de Estado” que maneja el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según este reporte, los medios de comunicación privada, no específica qué medios, generaron “información sesgada, incompleta o por último, omitieron informar en el marco de la veracidad”.
En otra parte, asevera que quienes promovieron el “golpe de Estado” generaron un escenario de descontento social, “utilizando medios de comunicación privada para desinformar a la población”.
Este informe ha sido rechazado y cuestionado por opositores al MAS y varios analistas, por “tergiversar” los hechos de 2019 y omitir todos aquellos sucesos que van contra la narrativa de “golpe de Estado” que intenta imponer el gobierno de Luis Arce.
En septiembre de 2020, la Oacnudh y la subdivisión de Procedimientos Especiales requirieron al Estado de Bolivia información específica sobre lo acontecido en la crisis de octubre 2019. Entre los nueve puntos requeridos están la información sobre procesos contra 150 exfuncionarios (Gobierno de Morales), datos sobre investigaciones, protección de víctimas y operaciones conjuntas militares y fuerzas policiales.
El informe de la Procuraduría concluye que “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.
Y que el “golpe de Estado” fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica.
El papel de los medios
En ese informe, la PGE hace mención en diferentes partes a los medios de comunicación privados y los cataloga como protagonistas del presunto “golpe de Estado”.
En los puntos 34 y 35 del informe, la Procuraduría hace referencia a los “cabildos” que se desarrollaron en diferentes ciudades “organizados por sectores privados” y señala que éstos eran “totalmente ilegales” puesto que no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley 026, es
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