Proyecto de ley antilegitimación vulnera más de siete principios de la CPE
Desde allanamientos sin orden judicial, vulneración del secreto profesional sin tomar en cuenta las leyes que lo protegen, confiscación de bienes, trabas para tener derecho a la defensa y a la privacidad, hasta violación del secreto de la comunicación privada, son algunas de las medidas que atentan contra los derechos de las personas y están contenidas en la “ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” que el Gobierno pretende imponer pese a las observaciones de los asambleístas de oposición, analistas, abogados y de varios sectores de la sociedad porque atenta contra la Constitución Política del Estado.
La norma fue aprobada en Diputados y se prevé que esta semana ingrese a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Comunidad Ciudadana plantea un control de constitucionalidad antes de ingresar al Senado.
El Movimiento Al Socialismo no acepta las observaciones y sostiene que la oposición tergiversa su contenido.
La politóloga Patricia Velasco explicó que, de acuerdo con lo que señala el proyecto, se ve cómo el Gobierno arrincona a diferentes actores financieros, que a tan sólo denuncia o sospecha pueden ser investigados e incluso que sus bienes, recursos económicos sean confiscados.
Sostuvo que las garantías o derechos constitucionales que se vulnerarían con la vigencia de la futura norma serían: la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la defensa, el derecho a la privacidad, el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas y el derecho a la obtención lícita de la prueba.
El constitucionalista Williams Bascopé Laruta, a través de su cuenta de Facebook, sostiene que, luego de analizar el proyecto, logró identificar más de 20 artículos contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE).
“Puedo concluir que sus proyectistas no deben tener un mínimo de respeto a la Constitución y a la libertad de las personas”, señala que es una redacción general y ambigua de esa ley de manera intencional para “presionar, chantajear y hasta extorsionar a cualquier ciudadano, incluido al militante masista”.
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