Van 104 feminicidios en 2020; muchos casos se tapan con dinero y poder

Clases de autodefensa, marchas y actos de protesta son algunas de las medidas que activistas y sobrevivientes de violencia adoptaron para defenderse y buscar justicia para que los agresores sean sentenciados con la pena máxima que dicta la ley.

El poder y el dinero que ostentan gran parte de los agresores y sus familias hacen que los procesos penales se alarguen durante años, buscando cansar a las víctimas o a sus familiares con el objetivo de que estos últimos finalmente desistan de la denuncia.

La mala interpretación de algunos jueces y vocales de la Ley 1173 causa preocupación a las víctimas. A esto se suma la corrupción y la manipulación de casos que benefician a los agresores.

Recientemente, Mujeres Creando realizó movilizaciones con las que pidió la revisión y mejora de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Arlety Tordoya, abogada de Mujeres Creando, explica que urge cambiar algunos aspectos de la Ley 348, entre ellos que las denuncias sean atendidas por personal especializado (trabajadoras sociales) y que la Policía solamente investigue los casos de violencia y feminicidio.

“Los policías no tienen idea de la realidad de las mujeres. Constantemente las revictimizan. Son nuevamente agredidas”, explica.

En este sentido, la semana pasada, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que se iniciará un proceso participativo con organizaciones feministas y, sobre todo, con mujeres de la sociedad civil.

“Hace una semana, familiares de víctimas de feminicidio de diferentes departamentos nos concentramos en Sucre, donde expusimos los casos, la retardación que hay en la atención de cada uno de ellos. El Ministro de Justicia y los fiscales se comprometieron a acelerar los casos. Esperemos que quede más allá de una simple promesa y se pueda tener una respuesta concreta a lo que urge: dar sentencia ejecutoriada a cada agresor”,...