En qué se diferencian los modelos de explotación de litio de Chile, Bolivia, Argentina y México
Con el reciente anuncio del plan del gobierno chileno para explotar el mineral, que busca una mayor participación del Estado, se ha intensificado el debate sobre cuál es la mejor fórmula para gestionar un mineral clave en la fabricación de baterías eléctricas.
Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo después de Australia, una posición que le da una ventaja frente a otros países que están sumándose a la carrera por conseguir los mejores beneficios del actual boom del metal.
Argentina está acelerando la producción a toda velocidad, mientras que Bolivia, después de varios acuerdos comerciales fallidos, intenta ponerse al día.
México, por otro lado, recién está dando los primeros pasos de la exploración del litio.
Las inversiones en litio en América Latina, dicen los expertos, deben ser hechas lo antes posible porque existe una "ventana de oportunidad" de solo dos o tres décadas para entrar en un mercado que se ha vuelto esencial en el contexto de la transición global hacia energías menos contaminantes.
"Los minerales críticos como el litio pueden convertirse en una fuente de ingresos significativa y duradera para los gobiernos", dice Pepe Zhang, director asociado del Adrienne Arsht Latin America Center del centro de estudios Atlantic Council.
Sin embargo, "esos ingresos también dependen del grado de éxito comercial y de la participación del sector privado" en las operaciones, apunta en diálogo con BBC Mundo.
"Depende de cada gobierno hacer acuerdos de manera tal que sean win-win, que ganen las dos partes", argumenta Patricia Vásquez, investigadora del centro de estudios Wilson Center.
Uno de los dilemas que enfrentan los gobiernos de la región es cómo asegurar que parte de la riqueza generada por la explotación del recurso se quede en sus países.
Nadie quiere quedar atrapado en negociaciones cuyos resultados sean percibidos como desfavorables para el país frente a las grandes mineras, con los costos políticos y económicos que eso puede conllevar.
Pero, al mismo tiempo, para desarrollar una industria del litio que le dé valor agregado al producto y genere otros negocios asociados a la explotación, se requieren inversiones millonarias.
Entonces, una de las interrogantes clave que se han hecho los gobernantes al mirar sus arcas fiscales, tras los embates de la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania, es cómo financiar esas monumentales inversiones.
Y no solo eso. También forma parte de la ecuación un factor clave: quién tiene la tecnología necesaria, los conocimientos y la experiencia para extraer y procesar el litio.
Es ahí donde surge la perspectiva de hacer alianzas con el sector privado porque, dicen los expertos, los gobiernos por sí solos no tienen las herramientas para asumir los costos a lo largo de toda la cadena productiva.
El aterrizaje de las empresas privadas en Argentina
En Argentina hay una gran participación del sector privado en la producción de litio a través de compañías que han llegado a acuerdos directamente con los gobiernos locales.
Las reservas del metal están concentradas en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, en la región noroeste.
Existen dos grandes proyectos en operación y cerca de 50 de exploración en esa zona del país, la cual históricamente ha tenido dificultades para generar empleo en el sector privado.
En el país sudamericano operan las compañías mineras Livent (Estados Unidos) y Sales de Jujuy (integrada por las empresas Orocobre Limited, Toyota Tsusho Corporation y el gobierno de Jujuy).
"Los argentinos tienen un modelo que quedó desde la época de la apertura económica del expresidente Carlos Menem, en el que las empresas pueden invertir libremente", explica Vásquez.
En el caso del litio, no se aplican las restricciones que sí existen para las empresas que explotan otros recursos, agrega, con el objetivo de promover su desarrollo y el crecimiento económico de las regiones.
En ese sentido, los gobiernos locales aspiran a lograr acuerdos para que un porcentaje de la producción de litio sea entregada al sector público, local o federal, con el fin de industrializarlo.
A fin de cuentas,
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