Ahora la prensa: buscan 10 años para Andrés y Pablo

La acusación y el pedido de detención contra dos periodistas por parte de la Fiscalía se sumó a otras amenazas, arengas y formas de intimidación que arreciaron en los últimos días contra los medios de comunicación y los periodistas y que muestra a Bolivia como un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo.

La campaña de asfixia económica y presión política contra el periódico Los Tiempos, la usurpación del trabajo de periodistas para labores de represión e inteligencia en el conflicto cocalero, las duras arengas del exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana contra medios de comunicación a los que calificó de “cloacas mediáticas” y la acusación y pedido de detención contra dos periodistas por la supuesta contratación irregular de otro periodista, alertan sobre serias amenazas contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país.

Estos hechos configuran un contexto inseguro y poco favorable al ejercicio del periodismo, dijo a Cabildeo Digital Ramiro Orías, asesor legal de la Red de Apoyo Para Periodistas (RAPP), y lamentó que “no se cumplan los estándares internacionales y la normativa nacional que manda a proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Recordó que esos derechos “constituyen la piedra angular de la democracia y es responsabilidad del Estado garantizarlos” y alertó que “se advierte un patrón que contradice la obligación que tiene el Estado de proteger en todas circunstancias el ejercicio de la libertad de expresión, así como la libertad de prensa”.

Persecución y sicariato judicial contra periodistas

Este jueves se conoció que el fiscal Junior Flores acusó y pidió la detención de los periodistas Andrés Rojas y Adriana G. gerente general y gerenta de informaciones de BTV, respectivamente, durante el gobierno de Jeanine Añez, por supuestas irregularidades en la contratación del presentador de noticias Pablo Llano en el canal de televisión estatal en 2020.

Human Rights Watch (HRW), entidad internacional de defensa de los derechos humanos, expresó su preocupación por el proceso penal contra dos periodistas y otros cuatro exfuncionarios del canal estatal por haber contratado a un periodista supuestamente con un sueldo mayor al que estaba permitido. 

César Muñoz, investigador de HRW, se pronunció a través de mensajes de Twitter y dijo que es desproporcionada la pena máxima de 10 años de prisión al que los periodistas están expuestos por los delitos imputados y recordó que “Un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”.

En declaraciones a radio Panamericana, la abogada Zuleika Lanza aseguró que “este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la liberta de expresión y de prensa” y denunció “la digitación de la justicia por parte del gobierno”.

En su criter...