Procuraduría halla 'participación criminal' de 13 personas en caso respiradores españoles

La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió su dictamen 001/2020 donde halla participación criminal de trece personas en el proceso de compra bajo la modalidad de contratación directa de 170 ventiladores pulmonares de origen español, y recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud, Cancillería del Estado y el Ministerio Público instaurar procesos por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, malversación y otros.

El documento está firmado el 17 de septiembre por el Procurador José María Cabrera y precisa que el costo total de la compra directa es 4.773.700 dólares, de los cuales por gestiones de la AISEM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio un anticipo de 2.028.708 dólares y el costo de traslado vía área de los ventiladores desde Madrid hasta Santa Cruz, fue de 290.000 dólares que fueron cubiertos por el Ministerio y no por el proveedor que era su responsabilidad.   

Afirma que debido al inicio de las investigaciones por hechos de corrupción, no se realizó el segundo desembolso del 50 por ciento restante del contrato y ante esto, el representante legal de IME CONSULTING Ignacio Manuel Mazarrasa, decide no enviar los equipos con accesorios completos, incurriendo de esa manera en incumplimiento de contrato.

Con relación a la participación de Ignacio Iñaqui García de la empresa IME CONSULTING, indica que éste toma contacto directo con Fernando Valenzuela del Ministerio de Salud,  para la propuesta de los equipos; se puso en contacto con el Cónsul de Bolivia en Barcelona para que inspeccionen los equipos en la fábrica.

Asegura que una vez contactado junto a Fernando Valenzuela y Fernando Humérez - el particular intermediario - proceden a elevar desproporcionalmente el valor comercial de los ventiladores, por lo que habrían buscado beneficiarse económicamente con el precio, generando un presunto sobreprecio de dichos equipos, ocasionando así un probable daño económico al Estado, conforme las declaraciones de Fernando Humérez, dice el dictamen.

LOS RESPONSABLES, SEGÚN LA PROCURADURÍA

Las conclusiones hallan responsables al entonces ministro de Salud Marcelo Navajas; Fernando Valenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud Geovanni Pacheco, director general de la AISEM; Ana Fernanda Espinoza y Gabriela Pérez Gallegos, bioquímicas; Andrea Lía Alarcón Terrazas, profesional en análisis jurídico;  Mariana Galindo Justiniano, directora de Asuntos Jurídicos de la AISEM y a David Alberto Pareja Lozada, Cónsul General de Bolivia en Barcelona.

De los particulares identifica al intermediario Luis Fernando Humérez Pérez; Ignacio Manuel Mazarrasa Escoriaza, representante legal de la empresa IME CONSULTING,  Ignacio Iñaqui García, contacto directo de Fernando Valenzuela para la propuesta de los equipos y socio de Manuel Mazarrasa. Fija responsabilidad de Luis Buscarons, representante del BID por haber o...