Asesor de empresa coreana con más de seis años de detención preventiva busca justicia

Carlos Hur, abogado y asesor de la empresa General Marine Bussines Inc. (GMB), quien se encuentra privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 6 de febrero de 2014, acusado por los presuntos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, incumplimiento de contrato lesivos al Estado y asociación delictuosa, dentro del denominado caso “barcazas chinas”, clama justicia.

En una carta que hizo llegar Hur a EL DIARIO, explicó que en enero pasado inició el juicio por las irregularidades que se cometieron en la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores (remolcadores) chinos, con una inversión de más de 30 millones de dólares. En el caso, 21 personas fueron acusadas, entre ellos seis extranjeros.

“El juicio inició el 6 de enero y paró antes de la pandemia. Hace dos semanas nos volvieron a notificar pero no creo que prospere, porque es difícil notificar a todos los acusados. Soy abogado y asesor de las empresas coreanas contratadas, no tengo ningún trato con el Estado, por lo tanto no recibí dinero alguno de Bolivia. Si mi comportamiento ha sido inmoral o de haber cometido errores, debería procesarme la empresa que me contrató, no el Estado boliviano”, apuntó.

En ese marco, Hur aseguró que le “están haciendo pagar una pena anticipada”, y es víctima de un secuestro judicial ya que en su caso no se aplicó la presunción de inocencia y lleva más de seis años detenido por delitos cuya sanción es de tres a ocho años de privación de libertad.

El jurista cree que el gobierno se equivocó de camino al judicializar el proyecto señalando que más bien se debería haber acudido a instancias internacionales como un tribunal marítimo o un tribunal en materia naval, para resolver el tema.

Indicó que al seguir un proceso penal, en la justicia boliviana, hace que Bolivia no tenga oportunidad de recuperar las barcazas, ni los empujadores, indicando que no es la instancia correcta, para que se pueda hacer cumplir o completar con los contratos.

“El Estado boliviano, en general, pide que se cumplan las normas nacionales e internacionales, para el cumplimiento de los contratos y plazos, pero el Estado boliviano y sus instituciones involucradas como el Ministerio de Defensa, Enabol, Ministerio de Economía, a través de sus operadores políticos, es reacio a cumplir las normas, tiene su propia interpretación del contrato, no cumple plazos ni pagos, ni asume errores, ni paga penalidades y acude a tribunales internacionales solo bajo conveniencia, por ejemplo el caso del Silala”, expresó Hur.

HECHOS

La Empresa Naviera Boliviana (Enabol), dependiente del Ministerio de Defensa, a finales del año 2009 realizó la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores (remolcadores) para transporte de mineral de hierro y carga seca, que se produciría en la mina de hierro del Mutún. Esta adquisición tuvo un costo de alrededor de 30 millones de dólares, monto total que se canceló al inicio de la obra.

Fruto de varios errores administrativos atribuidos a Enabol, el Ministerio de Defensa y principalmente al Banco Central de Bolivia (BCB) por el vencimiento y caducidad forzada de una de las Boletas de Garantía, es que todo el material naval no pudo ser finalizado y en consecuencia transportado hasta territorio nacional.

Según Hur, las 16 barcazas construidas con estándar de construcción coreano (KR) Korean Register Society, y que a partir de enero de 2019 pasaron a ser propiedad del Estado Boliviano, se encuentran almacenadas en el astillero de Daewoo Shipyard Shandong Construction, que actualmente es el más grande del mundo ya que cuenta con más de 25.000 empleados.

“Las barcazas están listas para ser transportadas previo pago de un costo de almacenaje correspondiente y gastos administrativos y judiciales que es negociable entre las partes involucradas”, explicó.

EMPUJADORES

Refirió que los dos empujadores se encuentran en un 90 % de construcción, con todos los materiales e inventarios completos en el astillero. “Esto quiere decir que solo se necesitaría mano de obra calificada y algunos materiales locales para poder finalizar la construcción, para esto tienen que ser transportados a otro astillero, con carácter de urgencia para que sean finalizados y transportados hasta su destino final”, apuntó.

BARCAZAS EXTRAS

El jurista apuntó que con la finalidad de arreglar los problemas de material naval y completar las ocho barcazas faltantes que complementarían el segundo convoy, Enabol, con la aceptación política firmó un contrato en la Embajada de Bolivia en Beijing, hace ocho años, mismas que se encuentran concluidas y tuvieron un precio de diez millones de dólares americanos, que incluían el pago de almacenaje de las 16 barcazas, la liberación y terminación de los empujadores, además del transporte de todo el material naval hasta Rosario - Argentina.

“Estas eran las condiciones de 6 años atrás, ahora se ha sumado el almacenaje de las 16 barcazas, el deterioro de los empujadores y la compañía de transporte que nos ha quitado la rebaja inicial en el precio del transporte y nos ha colocado penalidades por el incumplimiento en el contrato y tiempo de transporte”, aclaró Hur.

El jurista refirió que el contrato fue avalado por todo el directorio de Enabol de ese entonces, mismo que de acuerdo al Decreto Supremo 29651 del 22 de julio de 2008, estaba conformado por el Ministro de Defensa en condición de Presidente, el Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, los directores generales de Capitanías de Puerto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante, el jefe...