Gobierno deja la reforma judicial y prioriza juicios a exautoridades
Durante las últimas semanas, el Gobierno mantuvo en agenda el tema del presunto “golpe de Estado” a través de sus portavoces, entre ellos el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. Bajo este panorama, analistas consideran que el trabajo de reforma judicial se paralizó.
El presidente Luis Arce planteó, citado por La Razón, como un pilar de su gobierno “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos” en cuanto a la justicia. En la misma línea, en noviembre de 2020, Lima anunció el tratamiento de un conjunto de normas de emergencia con el objetivo de desarrollar una reforma que permita transparencia, accesibilidad y prontitud en la administración de justicia.
Entonces se conformó un “consejo de notables”, integrado por juristas reconocidos, con el objetivo de abordar al menos tres temas principales de la reforma para que sean sometido a voto popular: la elección de jueces por voto popular “garantizando su independencia”, garantizar una carrera judicial independiente de jueces imparciales y determinar el rol del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia.
En febrero de este año, Lima reconoció que el proceso de reforma judicial estaba en pausa, pero no era “un fracaso”, tras confirmarse el alejamiento de Eduardo Rodríguez Veltzé del “consejo de notables”.
La reforma prevista para presentarse en las elecciones subnacionales de marzo fue postergada. A más de seis meses, no existen acciones concretas. “El ministro de Justicia inició su gestión
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