El abogado Roberto Durán estuvo encarcelado 38 meses sin pruebas

La historia del encarcelamiento del abogado penalista Roberto Carlo Durán Lara, por tres años y dos meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, comenzó cerca del mediodía del jueves 25 de agosto de 2016, cuando recibió una llamada de un asesor de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).

Sus servicios como abogado de ejercicio libre eran requeridos por la organización que agrupa a mineros cooperativistas que, en ese momento, eran afines al partido del presidente Evo Morales, pero que se hallaban enfrentados en un conflicto alrededor de la Ley de Cooperativas. El gobierno, apoyado por la Central Obrera Boliviana (COB), respaldaba la sindicalización de los trabajadores cooperativistas, pero Fencomin la rechazaba.

La discrepancia derivó en un bloqueo cooperativista de la carretera Oruro - La Paz, la detención de 10 manifestantes el jueves 11 de agosto y el fallecimiento del viceministro de gobierno, Rodolfo Illanes, el jueves 25 de agosto.

Según documentos del proceso y grabaciones de video de las audiencias, obtenidas por EL DIARIO, se concluye que Durán no estuvo presente en la zona del conflicto y cumplió el pedido de Fencomin, para la defensa de los detenidos. El afectado se abstuvo de ofrecer una versión para esta nota periodística.

Durán es un abogado del foro orureño especializado en delitos penales y como tal realizó, anteriormente, la defensa de personas involucradas con el robo de minerales. Las actividades del profesional nunca estuvieron vinculadas a una asesoría legal a la organización de los cooperativistas y solo atendía casos de acuerdo al requerimiento de los interesados.

Su llegada a La Paz se registró el día lunes 15 de agosto de 2016, para formar parte de la defensa de los mineros aprehendidos durante los bloqueos en la localidad de Mantecani, el jueves 11 de agosto, y quienes fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro el sábado 13 de agosto.

El agitado jueves 25 de agosto, y tras la alerta de una segunda detención de otros 10 mineros, se apersonó a la Fiscalía de la ciudad de El Alto, pero evidenció que no existían nuevas detenciones y retornó a La Paz.

Según el testimonio que consta en el expediente, a las 17 horas de ese jueves 25, recibió una llamada telefónica de un desconocido que dijo estar vigilando frente a su vivienda en la ciudad de Oruro, y el abogado interpretó como una conminatoria a entregarse. La voz anónima advertía que detendrían a su esposa.

Tras explicar que por motivos profesionales se encontraba en La Paz, colgó y se presentó en la Fiscalía de La Paz, donde un fiscal afirmó que no había ningún caso en su contra.

Extrañado por la respuesta del fiscal de turno, llamó al número telefónico desde el cual le hicieron advertencias y la voz anónima le pidió que espere, en el lugar.

VARIOS CARGOS

Después de más de media hora, una oficial de policía apareció en escena con una orden de aprehensión en su contra y una resolución de imputación fundamentada por los delitos de asesinato, robo agravado, organizaci...