El TSJ demanda voluntad política “real” para cambiar la justicia

“Si se pretende cambiar la justicia boliviana, es con voluntad política, real y palpable”, con determinaciones que vayan dirigidas a garantizar su independencia económica e institucionalidad, principalmente; caso contrario —manifestó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez Oliva—, todo “es retórica”.

La autoridad judicial señaló que esa voluntad tiene que darse tanto en el Órgano Ejecutivo como Legislativo para llevar adelante una verdadera transformación, estructural, del modelo de administración de justicia en el país.

Con este objetivo, dijo que el TSE envió, el año pasado y este 2021, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entre siete y ocho anteproyectos de ley —aún no tratados—, que tienen que ver con el mejoramiento del acceso a la justicia, el incremento del presupuesto a un 6 por ciento, el fortalecimiento de la carrera judicial de garantizar la estabilidad institucional, entre otros.

Proyectos que —dijo— en gran medida garantizarán la esperada independencia del Órgano Judicial, tan cuestionada en la actualidad por su parcialidad con los gobiernos de turno.

“Si por un lado fortalecemos la carrera judicial, generando jueces que respondan a una institucionalidad, y por otro lado, se asegura un presupuesto determinado en la norma (6%), que no dependa de la propuesta del Ejecutivo y su aprobación anual por el Legislativo, se garantizará la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial”, señaló.

Actualmente el Órgano Judicial recibe el 0,33 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE), reclama la asignación del 6 por ciento de los recursos del Tesoro General del Estado (TGE) como tienen asignadas las universidades públicas de la coparticipación tributaria.

Autonomía económica

Acotó que, al no depender de ningún otro órgano del Estado y tener solvencia económica, el Órgano Judicial podrá crear mayor número de juzgados y emprender proyectos como el del expediente electrónico, para mejorar el acceso a la justicia y reducir la mora procesal.

“De lo contrario, va a ser muy difícil que saldemos la deuda histórica que tenemos como sistema judicial con la población”, indicó.

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