El tráfico de tierras se gesta desde el Gobierno y se agudiza desde hace 10 años
La aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, luego de recibir 20 mil dólares para favorecer en el saneamiento de tierras a ciertos grupos del municipio de San Ramón, es una muestra del creciente tráfico de tierras en el país, un ilícito que, según expertos, se agravó en los últimos diez años.
Las críticas están dirigidas al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde supuestamente se blanquea el tráfico de tierras como procesos de saneamiento y titulación. No obstante, Eulogio Núñez, actual director de esta entidad, dijo que no se tolerarán irregularidades.
Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, afirma que el proceso de saneamiento y titulación de tierras se ha convertido en un mecanismo de corrupción y prebenda política y económica. Por ello, menciona que en los últimos diez años todas las autoridades al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras han tenido algún proceso o denuncia de irregularidades.
“Este Ministerio se ha convertido en una cartera donde se reparte, por favores políticos y económicos, la tierra”, señala el investigador y menciona que la tierra fiscal se ha vuelto en una moneda de pago al apoyo político, fundamentalmente en el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El exdiputado Víctor Hugo Velasco, con amplio conocimiento de temas agrarios, coincide en que el caso de Characayo confirma el tráfico de tierra se gesta desde el Gobierno nacional, aunque esto no ocurre solamente en la gestión de Luis Arce, sino también en la de Jeanine Áñez y Evo Morales.
“El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, e
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