Exdiputado Barral pide intervención oficial a juicios contra consejeros de la Magistratura

El exdiputado y candidato a la Alcaldía de La Paz, Amilcar Barral, solicita al Gobierno intervenir en los juicios de responsabilidades que permanecen en la Asamblea Legislativa, en contra de tres consejeros de la Magistratura, los que están por extinguirse debido a recursos jurídicos que presentaron los denunciados.

El exlegislador recordó que sobre los consejeros Omar Michel, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, existe un juicio de responsabilidades por la designación ilegal de 169 jueces en todo el país, con pruebas, documentos, testigos y víctimas múltiples, cuyo monto de extorsión y cobros irregulares suman dos millones de dólares, aproximadamente.

“Este proceso llegó hasta la emisión de informe de imputación formal, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia Plural, en septiembre de 2020, actualmente tiene una apelación pendiente, porque la Comisión de Constitución de forma irregular benefició a los consejeros tratando de anular obrados en más de una oportunidad”, explicó a EL DIARIO el candidato Barral.

DESIGNACIONES

IRREGULARES

Barral apuntó que la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Publico, de la gestión 2019 – 2020, evidenció que en fecha 11 de octubre de 2019, se designó como juez de Instrucción Penal de Cochabamba a Wilson G. S. P., quien tiene sentencia N° 47/2019 de 30 de julio de 2019.

Asimismo, refirió que en fecha 10 de octubre de 2019, se nombró al abogado Freddy G. Ch. C., como juez de Instrucción Penal de El Alto, actualmente, sometido a un proceso penal en su contra por soborno a víctimas de feminicidio, cohecho, falsedad material e ideológica.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó a Ana A. Q. C., como juez Público Civil de Oruro, quien es la esposa del actual asesor de Presidencia del Consejo de la Magistratura, Rafael P. T. L.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó como juez Público Mixto Civil y Comercial, de Santa Cruz, a Julio C. G. C., quien fue destituido como juez Disciplinario del Distrito Judicial de Pando.

Asimismo, Barral en coincidencia con el exlegislador, Víctor Borda, refirió que designó a los peores calificados, reprobados, a los que ocuparon el quinto, sexto y séptimo lugar, excluyendo a los mejores calificados.

Entre otras irregularidades cometidas por los consejeros está el traslado de jueces de provincia a capital, de forma discrecional y la designación de “amigos y funcionarios del Consejo de la Magistratura” como jueces.

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