Amnistía Internacional observa impunidad y hostigamiento en informe sobre Bolivia

La organización Amnistía Internacional emitió este viernes un informe respecto al conflicto de 2019 en Bolivia. En el mismo advirtió que persiste la impunidad respecto a violaciones de derechos humanos y, además, expresó su preocupación por la retórica del anterior y al actual Gobierno y el hostigamiento a políticos opositores.

El informe concluye que “durante la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas; declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial”.

El texto señala que esos hechos siguen impunes y a que a eso se suma que “Bolivia tiene una lamentable historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24 de Mayo de 2008.

La organización señaló que en el país existe una “histórica pandemia de impunidad” y que se requiere medidas urgentes para sanarla.

Amnistía Internacional hizo referencia a los hechos de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, advirtiendo que hubo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, pero también dio cuenta de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos, como el caso de Waldo Albarracín, quien fue blanco de un ataque contra su integridad física y cuya casa fue incendiada por una turba el día de la renuncia del expresidente Evo Morales. 

Señaló que, en esos hechos, como el ataque a la casa de Albarracín, las investigaciones no han avanzado y el Estado no ha brindado la protección adecuada para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su legítima labor.

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