Informe de la Defensoría acusa al Gobierno transitorio de delitos de lesa humanidad

Un informe defensorial sobre los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, concluye que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral, al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración gubernamental, y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana.

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, presentado este lunes por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, describe y muestra la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.

Concluye, además, que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos; y de las operaciones conjuntas policiales militares, así como la  eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078; la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas.

El informe defensorial señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Según la Defensoría, también están considerados como delitos de lesa humanidad los otros siete fallecimientos, dos ocurridos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la aquiescencia de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre.

En cuanto a las otras diez muertes suscitadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales y un trabajador de la prensa, según el informe defensorial, son “hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana”. Agregó que en ese marco además hubo agresiones, asaltos, quema y saqueo de instalaciones policiales vu...