Analistas ven que plan de reforma judicial no ataca temas estructurales
Tras la presentación del plan de reforma judicial del Ministerio de Justicia, que aborda seis ejes relacionados con la distribución equitativa de jueces, el acceso y la independencia del Órgano Judicial, la digitalización y el ajuste de varias normas, analistas y constitucionalistas consideran que si bien estos temas son muy pertinentes y hasta obvios, el proyecto no ataca la raíz del problema que parte de una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) o, al menos por la urgencia, una solicitud de renuncia de las actuales autoridades. Y una propuesta sólida para dotar de más recursos económicos a la administración judicial.
El Ministerio de Justicia empezará desde hoy a difundir los seis ejes de su plan de reforma judicial en los nueve departamentos y empezará por Oruro. El objetivo es recibir sugerencias y recomendaciones de todos los sectores sociales en cada región.
El abogado constitucionalista César Cabrera alertó que los cambios profundos y estructurales en el Órgano Judicial son urgentes. Lo otro es simplemente echar una cortina de humo para mantener el estado de cosas y justificar el manejo arbitrario que está haciendo el Gobierno en los juicios contra los opositores.
Para Cabrera, una verdadera reforma a la justicia pasa por una revisión de la Constitución. “Porque la elección de magistrados por voto directo no ha sido la solución a los problemas de independencia y falta de imparcialidad”.
El analista Carlos Alberto Goitia también asegura que el camino de la elección directa de jueces, como prevé la CPE, no funciona. Dijo que “en lugar de gastar plata en una tercera elección que no funciona, vale la pena invertir estos recursos en una reforma estructural, en un referéndum que fruto de la participación ciudadana permita adecuar la Constitución a lo que realmente necesitamos los bolivianos, que es un sistema de justicia, transparente, imparcial y que funcione”.
Tomando en cuenta que cambiar la CPE toma tiempo, Cabrera propone que por el momento y con miras a las nuevas elecciones judiciales de 2023, se debería modificar el reglamento de la preselección que se elabora en la Asamblea Legislativa, eliminando la etapa de la entrevista.
“Esa es la mejor trampa para favorecer a la gente del partido, y
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