Pese a críticas, la disminución de envíos de gas a Brasil era inevitable

¿La octava adenda al contrato de compraventa de gas entre Bolivia y Brasil, firmada el 6 de marzo de 2020, generó un daño económico al Estado? El pasado jueves, el diputado del MAS Juan José Huanca aseguró que ese acuerdo ocasionó una pérdida de 233 millones de dólares a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la reducción de al menos un 35 por ciento de los envíos. 

Sin embargo, tres especialistas en hidrocarburos afirman que la disminución era un factor inevitable para YPFB y que las declaraciones del legislador tienen carácter político, ya que responsabiliza del supuesto daño económico al exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, a quien a su vez apunta como aliado y socio político de Óscar Montes, actual candidato a la Gobernación de Tarija.

El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos aseguró que las declaraciones de Huanca no tienen ningún asidero técnico y que lo único que busca es restar votos a Montes. Similar impresión tienen los analistas Raúl Velásquez y Francesco Zaratti.

Sin embargo, el pasado 4 de marzo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, durante la audiencia de rendición de cuentas final 2020 de esta cartera de Estado, también mencionó que la octava adenda generó un impacto “bastante negativo”.

La autoridad dijo que, antes de la octava adenda, el contrato establecía un envío máximo de 30,1 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y un mínimo de 24 MMm3d. Con la adenda el volumen máximo bajó a 20 MMm3d y el mínimo a 14 MMm3d. 

Según él, la reducción hizo que las regiones dejaran de percibir al menos 217 millones de dólares, mientras que la decisión de asumir el costo de transporte del gas desde la planta de Río Grande hasta Mutún —frontera con Brasil— ocasionó una pérdida de 70 millones de dólares. 

Ese trayecto tiene una longitud de al menos 670 kilómetros. Antes de la octava adenda, el costo del transporte era responsabilidad de Petrobras.

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