El país que decidió no aplicar vacunas contra el COVID-19 y el riesgo que significa para el resto del mundo
Tanzania ha tenido un enfoque muy particular para controlar el SARS-CoV-2. El año pasado, solo unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente John Magufuli declaró a Tanzania libre de covid-19 tras tres días de oraciones nacionales.
Desde entonces, se ha negado a imponer un confinamiento, ha reabierto las escuelas, ha permitido la celebración de grandes eventos deportivos, ha continuado con las reuniones religiosas, ha dejado de hacer pruebas y ha suspendido las campañas de comunicación públicas sobre el virus. El país también ha dejado de notificar casos y muertes.
El argumento era que la gente debía dejar de vivir con miedo y confiar en Dios y en los remedios tradicionales africanos para prevenir contagios. Tanzania podría ser el único país del mundo que haya adoptado este enfoque, que va en contra de todo lo que han recomendado los científicos, otros organismos sanitarios nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha negado que la presencia del Covid-19 en su país sea importante. Foto: Tomada de Infobae
Por lo tanto, no es de extrañar que las autoridades hayan dicho que no tienen planes para vacunar a la población, o, al menos, no por ahora.
¿Podrá la gente seguir accediendo a las vacunas?
No. Y sí.
No, porque no se puede utilizar una vacuna en el país sin que esté registrada y autorizado su uso. El proceso normal es que los expertos, junto con los organismos reguladores, revisen los datos sobre la vacuna y aprueben su uso si están convencidos de su eficacia y seguridad.
Para la vacuna de la covid-19, esto se está haciendo mediante el procedimiento de la lista de uso en emergencias de la OMS. La revisión la realiza un equipo internacional de expertos con la participación de otros especialistas de las autoridades nacionales.
Pero si el Gobierno tanzano se niega a registrar la vacuna para su uso, nadie podrá acceder a ella.
No obstante, el país podría registrar la vacuna, pero negarse a importarla. Esto permitiría al sector privado importar algunas, aunque no serían suficientes. Los programas de vacunación contra la covid-19 en cualquier país suponen una gestión masiva y, si el sector privado coge las riendas, muchos no podrán permitirse la
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