Nuevas normas o penas más duras no frenan violencia contra niños y niñas
La violencia contra grupos vulnerables, entre estos los niños y niñas, que incluso llega hasta la muerte, no se combate con normas o endurecimiento de penas porque es una cuestión estructural que debe enfrentarse con políticas públicas que fortalezcan las capacidades de padres y madres para que protejan a sus hijos, pero particularmente trabajar en la protección del menor.
La conclusión corresponde analistas consultados por este medio a propósito de los casos de violencia contra niños que se reportan constantemente en Bolivia, caso que llegan incluso a cobrar vidas en manos de sus progenitores.
Estos episodios, como ocurre habitualmente, arrancaron protestas de diversa índole, mientras que el Gobierno responde con el anuncio del envío de un proyecto de ley para endurecer las penas contra los infanticidas y otros.
“Bolivia no aplica una política de Estado orientada a combatir efectivamente el crimen y ejecuta reformas episódicas de las leyes, anecdóticas, que lo que hacen es incrementar los delitos y sumar las penas que nunca terminan cumpliéndose. Crean delitos, suben penas, pero no hay capacidad institucional para combatir el delito y solo ponen parches a las expectativas de la gente”, refirió el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.
De acuerdo con datos estadísticos, del primer trimestre de 2021 (enero-marzo), los casos de infanticidio se incrementaron en más del 100 por ciento al primer trimestre de 2024, es decir, de cinco casos que se anotaron en 2021, en 2024 se tienen 14 muertes de menores.
“De 1 de enero a 31 de marzo, en 2021 se registraron cinco casos, mientras que en 2022 se elevaron a 11 y en 2023 bajaron a dos. Sin embargo, en 2024, los casos han vuelto a aumentar, alcanzando un total de 14. Desde 2021 hasta el primer
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