Sindicato de medio afín al MAS denuncia despidos ilegales

en El Diario el 03-07-20 02:45

El sindicato del periódico La Razón denunció que la noche del miércoles, 97 de sus afiliados fueron despedidos y que no les pagarán los desahucios previstos por ley. Otras decenas de funcionarios aceptaron renunciar en los últimos meses, ante el retraso en el pago de sueldos y un maltrato laboral general.

De acuerdo con un pronunciamiento del Sindicato de ese medio escrito, la empresa comunicó a los trabajadores que sus contratos no podían ya ser considerados laborales sino civiles y adujeron estar protegidos por fallos del Tribunal Constitucional para echar a los empleados sin necesidad de pago de desahucio. La empresa ha llamado a la acción como una “desvinculación”, no despido.

La representante del sindicato de La Razón, Guadalupe Tapia, inició reuniones con otros delegados para establecer una defensa legal sobre esta situación. La semana anterior, Tapia fue agredida por la dirección cuando al pie de su columna, donde denunciaba el maltrato al que eran sometidos por la gerencia, fue calificada como calumniadora.

MAS - MEDIA

Desde su llegada al poder, en enero de 2006, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) vivió un cerco mediático implacable. Los canales de televisión, sobre todo los cruceños, las radioemisoras más importantes y casi todos los impresos formaron una barrera protectora a fin de impedir los cambios prometidos por Evo Morales.

Varios estudios demuestran (2008) la beligerancia de los medios privados en el período 2006-2008, en lo que podría caracterizarse como un cinturón de protección de las élites tradicionales contra los cambios constitucionales en marcha.

Una indagación precisa del Observatorio Nacional de Medios (Onadem) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluía en 2007 que, con una sola excepción, la abrumadora mayoría de los 15 impresos investigados en el país prácticamente militaba en las filas de la oposición. No cabe duda de que el MAS se abrió paso a pesar de la bullanguera resistencia de periodistas, empresarios mediáticos y opinadores.

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Consolidado un orden político favorable tras la aprobación, vía referéndum, de la nueva Constitución, el MAS se dispuso a crear sus propios “MAS-media”.

La piedra inaugural del lucrativo aparato comunicacional ya había sido colocada en enero de 2009, por el caraqueño de nacimiento, Carlos Gill Ramírez, quien adquirió de manos del grupo español Prisa las acciones del periódico La Razón, El Extra y, aparentemente, también las de la red ATB.

Para la compra de los tres medios, este hombre, que posee nacionalidad española y fue criado en Asunción del Paraguay, usó como paraguas una empresa con sede en Barcelona denominada “Akaishi Investements”. De ese modo, lo que en su momento fueron las principales empresas de la familia Garafulic pasaron a convertirse en los mascarones de proa de un nuevo imperio mediático al servicio de Evo Morales y su partido.

Las conexiones de Gill Ramírez con el gobierno anterior están plenamente confesadas. Representa en La Paz a la firma austriaca Doppelmayr, que obtuvo del erario público y sin licitación, más de 700 millones de dólares por edificar el sistema de transporte por cable de la sede de gobierno. Todo ese dinero salió de las bóvedas del Banco Central de Bolivia o de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Gill construyó todas las estaciones del teleférico y es el rey de los escasos ferrocarriles bolivianos que transportan soya y otros bienes transables hacia los puertos más cercanos.

¿Puede creerse que amasando tantos negocios vinculados con el Estado, alguien puede permitir que sus medios tomen siquiera distancia del que le firma los cheques?.

Para ganar justamente cercanía, en octubre de 2009, Gill designa al periodista Edwin Herrera como director de su nuevo diario paceño. Antes de desprenderse de sus acciones en ATB, el para entonces misterioso empresario coloca al mando del canal a Jaime Iturri, convertido hoy en el primer millonario del MAS con residencia en Buenos Aires. Iturri tardaría solo diez año...