En seis años la mitad de violacionesgrupales llegaron a una sentencia

en El Deber el 17-02-19 06:36

“Entonces enjuicien a mi hija, ella ha debido violarles”, fue lo último que alcanzó a decir la madre de una adolescente de 14 años, vejada y torturada por cuatro sujetos cuando tenía 12; antes de caer desmayada en una fría sala de un juzgado de Sacaba, en Cochabamba. Eran las 22:00 del 20 de abril de 2018 y el único acusado con edad suficiente para cumplir la pena máxima por este delito -25 años- fue absuelto luego de ocho horas de deliberaciones. Entonces, aquella mujer a la que incluso una fiscal le inició un proceso por exigir justicia para su hija, se desplomó como cae un roble después de recibir varios hachazos.

No supimos más de la señora ni de su hija, dice por teléfono Ángela Nogales, activista del colectivo Mujeres de Fuego, que acompañó el sinuoso proceso, que duró dos años. El celular que tenía está apagado; el de su abogado, también. Ángela cree que la mamá se cansó. Quizá sentía que era imposible luchar contra un sistema en el que, por diversos factores, una evidencia puede ser desechada, aunque sea irrefutable. Tampoco pudo con la burla de los familiares del principal implicado, “se le reían en la cara”.

El tormento de la víctima de este hecho comenzó la tarde del 29 de abril de 2016. “Adriana” -como la llamaremos- salía de la escuela, cuando cuatro integrantes de una pandilla la interceptaron y arrastraron hasta unos matorrales. Allí la abusaron, golpearon con piedras y estrangularon hasta dejarla inconsciente. Creyéndola muerta, la abandonaron.

La niña sobrevivió y reconoció a sus agresores (eran sus compañeros de colegio), pero los dos principales fueron liberados “porque no se halló ADN en las pruebas genéticas”. Otros dos fueron sentenciados a dos años, porque eran menores de edad.

Saña y crueldad

En otro hecho de violación colectiva o grupal (porque intervienen dos o más personas) registrado en Cochabamba, la víctima no vivió para contar su tragedia. A María del Carmen Carballo Reyes (16) la asfixiaron. Veinte varones y una mujer, todos miembros de una pandilla, fueron implicados en este caso.

a las 21:30 del 31 de agosto de 2017, se halló culpable de feminicidio a Omar O. A. (enamorado de la joven), a quien condenó a 30 años de reclusión. Otros cuatro sindicados fueron sentenciados a similar pena, por asesinato y violación agravada. Cinco más fueron liberados, porque no se pudo probar su participación, mientras que 11 menores de edad fueron procesados en otro tipo de juicio.

Ángela Nogales, de Mujeres de Fuego, contó que en los seis años que lleva apoyando a otras mujeres, nunca había visto algo tan cruel. “Fue tan grave que después de matarla, volvieron a pintarle la cara con pintura negra para que no la reconocieran”.

Por ello, esta organización tuvo que contener a la madre y movilizarse en todas las audiencias, porque varias veces la señora denunció en su lengua nativa, el quechua, que familiares de los sindicados la amenazaron con “violar a su otra hija”.

Presión social

Ese apoyo, de organizaciones feministas, de otras víctimas de agresiones o de quienes simple mente se sienten identificadas con la causa, fue vital para que dos abusos grupales no queden impunes en Santa Cruz.

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