Balance ambiental 2018 en Bolivia, Áreas protegidas en peligro, TC O cercadas y empresas chinas

en El Día el 23-12-18 12:23

En el 2018 se confirmaron varias de las principales preocupaciones que expertos, activistas y pueblos indígenas tenían sobre el futuro de la gestión ambiental en Bolivia. Un ejemplo claro ha sido el reciente rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de pobladores y legisladores contra cuatro leyes que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

Este es uno de varios proyectos de extracción de los recursos naturales insertos en la política económica del gobierno de Evo Morales que, en los últimos años, le ha abierto las puertas a las actividades hidrocarburíferas, mineras y agrícolas dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas. A esto se suma la cuestionada participación de empresas chinas en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, que van desde carreteras hasta hidroeléctricas, la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca en seis áreas protegidas de Bolivia, los actos de corrupción detrás del tráfico de madera y las nuevas mafias que le arrancan los colmillos a los jaguares.

Lo malo: áreas protegidas en la mira. La política económica boliviana ha puesto en jaque a algunas de las áreas protegidas más biodiversas del país y los críticos no se han quedado callados. Leonardo Tamburini, investigador y experto en temas indígenas, sostiene que el Estado ha diseñado una arquitectura jurídica, entre 2012 y 2015, para intervenir en territorios indígenas y áreas protegidas con el fin de realizar actividades extractivas y ampliar la frontera agrícola.

Entre las normas a las que se refiere Tamburini figuran, en primer lugar, los Decretos Supremos 2298 y  2366, ambos publicados el año 2015, que según los expertos reducen la consulta previa a un simple trámite administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas.

En la misma línea está la Ley 969 que permitirá la construcción de infraestructura en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y que da luz verde para la construcción de hidroeléctricas que afectan por lo menos a seis áreas protegidas bolivianas.

Otro de los peligros de la política extractiva boliviana es que este año se ha expandido la frontera petrolera a otros territorios. “Las operaciones ya no están solo focalizadas en el Chaco, sino que han ingresado a la zona andina amazónica del país”, dice Silvia Molina, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Para la investigadora esto tendrá un fuerte impacto en la zona (Amazonia) porque toda actividad petrolera demanda la construcción de infraestructura, mientras que la minería transforma el territorio y contamina con mercurio el agua y los suelos.

“La política económica del gobierno se dirige cada vez más a profundizar la explotación de la riqueza natural del país, porque requiere contar con mayores ingresos económicos para mantener el gasto público”, dice Molina, por eso incursiona más en áreas protegidas y territorios indígenas, con condiciones favorables para las empresas extranjeras.

Las áreas protegidas son claves para conservar refugios para la vida silvestre, “intervenirlas, sin duda, provocará un aumento en las tasas de pérdida de biodiversidad e incluso la extinción de especies”’, remarca Vos.

Por eso la aprobación de la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en Tarija, ha sido mal recibida por un sector de la población boliviana. Los comuneros han rechazado el ingreso de las empresas YPFB Chaco y Petrobras a...