Falacia, expertos definen así a la nacionalización y piden refundarla

en El Día el 13-08-18 02:38

Desde dos contextos y visiones ideológicas diferentes, entre ellas de  políticos y analistas, definen que la “nacionalización” de hidrocarburos, instaurado el 1 de mayo de 2006 vía Decreto Supremo 28701 y hoy enarbolada de manera discursiva por el gobierno de Evo Morales, no es más que una falacia.   

Tal afirmación se sustenta en dos líneas de análisis: por un lado describen que el Estado, en estos 12 años, no ha logrado el control de la cadena petrolera; sigue en manos de las empresas transnacionales. "La mentada nacionalización que tanto enarbola el actual Gobierno es solo un mito, una falacia que hoy debemos desmentir", señaló en una nota de prensa, Waldo Albarracín, rector de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés).

Y por el otro, los analistas señalan, que dicho proceso se estancó con la sola mención de la palabra “nacionalización” que, muy en el fondo, ahuyentó nuevas inversiones para el sector, sumada a una preocupante ausencia de política hidrocarburífera a mediano y a largo plazo. "Coincido con la UMSA en que la “nacionalización de Evo” es una falacia en términos del significado histórico de esa palabra.  La medida y la parafernalia innecesaria que la acompañó han contribuido a empeorar el escenario de las inversiones en el sector", señala el analista energético, Francesco Zaratti.

Los argumentos no se detienen.  Para una parte del análisis el argumento principal es que la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a lo largo de todos estos años es que no ha logrado tener el control de la cadena hidrocarburífera. 

Según Albarracín, los denominados megacampos hidrocarburíferos, que son la base de la exportación de gas natural y del abastecimiento interno, como ser los campos de San Antonio y San Alberto, en un 74,5% es operada por las empresas extranjeras y solo con el 25,5% de participación de YPFB. 

Según dicha información participan la brasileña Petrobras con el 35%, Repsol de España con el 24,15% y Total de Francia con el 15%.  En cambio, en los campos Margarita y Huacaya la participación de YPFB no pasa del 10%, los mismos son operados por  Repsol con 37,5%, seguido por British Gas del Reino Unido con 37,5% y PAE E&P de Argentina con  el 25%. 

"En la práctica, Bolivia no decide las políticas que afectan a la explotación de sus campos hidrocarburíferos más importantes. ¿De qué recuperación o nacionalización hablamos?", cuestiona Albarracín.

Una dramática realidad. Para Carlos Arce, investigador del Cedla (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario), la nacionalización fue solo un fantasma enarbolada por el Gobierno, dado que no se ha expropiado nada. "De hecho, Repsol sigue siendo dueño del 49% de Andina. Eso explica que el Gobierno solo se ha dedicado a hacer una gestión rentista, recibiendo ingentes millones de dólares por la venta de gas a sus cuentas por una debilidad financiera de la empresa estatal", argumentó.

La “nacionalización” no cuenta a partir del 2006 sino de la ley  de Hidrocarburos No 3058 del 2005, refiere Pablo Villegas, investigador del Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia). 

"Lo que hizo el MAS el 2006 no agregó gran diferencia excepto un aumento temporal de impuestos, la ampliación más que bondadosa del plazo para la migración de contratos y la otorgación de acuerdos muy ventajosos a las transnacionales", remarca Villegas. 

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