INRA: La organización que se creyó por encima de la ley

en Los Tiempos el 22-03-20 01:30

La repartición masiva de tierras que hizo Evo Morales estuvo viciada de nulidad desde los procesos más básicos. Los actores que debían fiscalizar el tema nunca fueron tomados en cuenta. El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) actuó solo y por encima de la norma. Esto ocasionó una serie de conflictos entre comunarios locales que se vieron avasallados en su territorio y cultura por los nuevos colonos que fueron mandados como piratas a tomar lo que el INRA marcaba con una equis en el mapa.

“En 2009, treinta familias llegaron a nuestra comunidad con papeles de dotación de tierras del INRA. Se denominaban Comunidad Agroecológica Chirimoya y decían que eran parte del Movimiento Sin Tierra (MST)”, recuerda Luciano Petigá, quien en aquel año era cacique (máxima autoridad local) de la Comunidad San José de Campamento. Un pueblo centenario ubicado a 530 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, y a 170 kilómetros del asfalto más cercano.

Ni los recién llegados ni los originarios lo sabían, pero estaban por convertirse en uno de los muchos casos de conflictos entre comunidades e irregularidades a raíz de la piratización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), durante el gobierno de Evo Morales.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia, en Santa Cruz, el departamento más extenso y principal motor agropecuario del país, entre 2014 y 2018, se entregaron 1,2 millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades mediante autorizaciones y adjudicaciones extraordinarias. Esto equivale a casi el 70 % de toda la tierra que se entregó en los últimos 25 años (1,8 millones de hectáreas).

Para llevar a cabo esta entrega masiva, el INRA, desde 2006 hasta 2015 (último año del que se tienen cifras oficiales) emitió 57.925 títulos y certificados de tierras. Autorizaciones y dotaciones realizadas de manera directa y unilateral, violando controles y procesos obligatorios por ley.

El gobierno de transición está revisando cientos de denuncias por entregas de tierras para trabajo agrícola en territorios reservados para uso forestal, además, de comunidades fantasmas y cobros ilegales para la dotación de tierras. Denuncias y reclamos que llevan adelante autoridades locales, dirigentes de pueblos indígenas de tierras bajas y organizaciones de la zona chiquitana y áreas aledañas.

“Tenemos denuncias de 475 comunidades fantasmas (en la provincia Velasco), donde no vive nadie y apenas aparece la gente para arrasar el bosque y chaquear —iniciar fuegos en áreas desmontadas para preparar la tierra antes de cultivar, una práctica común en los campos—sin saber bien las formas y de manera irresponsable; así ocasionan incendios forestales”, denuncia Fernando Rojas, gran cacique (máxima autoridad indígena) de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ICISIV), entidad que representa a más de 120 comunidades de la provincia Velasco, en la Chiquitania boliviana.

Rojas tamb...